LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS USUARIAS

El respeto a la libertad y a las decisiones de las personas usuarias, constituye uno de sus pilares básicos de la práctica profesional de Trabajo Social. Sin embargo, es muy frecuente entre los profesionales de este sector, la aparición de dilemas éticos en torno a este principio. Es necesario respetar las decisiones y autonomía de los usuarios, pero, ¿con qué limitaciones? ¿en qué casos no es posible?

El principio de autonomía tiene un origen principalmente kantiano. Kant, es uno de los grandes defensores de la racionalidad y la libertad como características esenciales e inherentes al ser humano. De esta forma, cada persona debe elegir su propio destino valorando qué acciones emprender a lo largo de su vida.

Actualmente, en el terreno moral continúa persistiendo la máxima kantiana de tratar a las personas como fines en sí mismos y no como medios para conseguir otros fines. (Kant, 1785). Mediante este pensamiento, el autor expresa de manera clara que ninguna persona debe ser manipulada para conseguir un objetivo determinado, pues cada individuo es un fin en sí mismo.

No obstante, la aplicación de este razonamiento en la realidad es muy distinto dada la complejidad y la multitud de factores a tener en cuenta a la hora de intervenir con personas tanto, desde Trabajo Social, como desde otras disciplinas similares. Un buen ejemplo de esto es la elaboración de nuevas leyes que, en ocasiones, generan dilemas éticos para muchos profesionales. Sin ir más lejos, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia aprobada en 2006, ha supuesto para los trabajadores sociales dilemas importantes acerca del respeto de la autonomía de las personas en la toma de decisiones, sobre todo cuando el manejo de la información puede conllevar a que una persona dependiente reciba o no una prestación o ayuda. (Rondón y Taboada, 2013).

Otros ejemplos habituales hacen referencia a profesionales que han tenido que denunciar un caso de violencia de género en contra de la voluntad de la mujer maltratada, o situaciones de ingresos involuntarios en unidades psiquiátricas.

Situaciones como estas ponen de manifiesto la gran frecuencia con la que aparecen estos problemas entre los trabajadores sociales. De hecho, según un estudio, el 46,5% de estos profesionales expresa haber experimentado un dilema de esta clase, subrayando que no siempre están muy claras las situaciones que limitan la autonomía o que, a veces, el respeto a la autonomía de las personas entra en conflicto con otro principio, como puede ser el principio de bienestar. (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2013).

Partiendo del dilema que puede surgir entre el principio de autonomía y el principio de bienestar, es decir, entre la libertad de decisión del usuario y alcanzar el máximo beneficio para el mismo, cabe indicar que se pueden dar multitud de situaciones.

Algunas de las más frecuentes se manifiestan a la hora de internar a una persona mayor en un centro residencial. Pero, también existen otros casos en que se producen circunstancias similares, como en temas de adopción, casos de maltrato y violencia de género o cuando hay involucrados menores o personas con discapacidad intelectual. Es decir, que atañen a las personas con mayor vulnerabilidad. (Rondón y Taboada, 2013).

En suma, no hay que olvidar que el profesional, por regla general, también mantiene contacto con la familia del usuario o usuaria, y que a veces la confrontación se produce entre la voluntad de la propia persona y los deseos de sus familiares. ¿Hasta qué punto la opinión de la familia es vinculante?

Por otro lado, dada la gran diversidad de situaciones con las que se encuentran los trabajadores sociales, son ellos mismos, en muchas ocasiones, los que detectan una necesidad formativa que les permita adquirir el conocimiento y las herramientas necesarias para intervenir de la mejor manera posible. Esto ocurre sobre todo en aquellos casos en los que existen modificaciones legales incesantes.

Como se puede contemplar, aunque el trabajador social suele ser un profesional que tiende a respetar las decisiones de los usuarios, alejándose así de actitudes paternalistas, no siempre es posible ni adecuado poner en práctica este principio. La autonomía no puede ser absoluta o ilimitada. Por ello, en el Código Deontológico de Trabajo Social, en el que se habla del derecho a la autodeterminación de las personas, se especifica también que sólo puede promoverse mientras no sea perjudicial para la propia persona o para integridad de los demás. Por tanto, los derechos de los demás funcionan como un límite en la autonomía de cada individuo.

En relación a esto, el código de la NASW (National Association of Social Workers), indica más ampliamente como limitaciones a la autonomía, aquellas situaciones en las que es posible provocar un daño a terceras personas o incluso al propio profesional. Pese a que es cierto que en ocasiones resulta difícil evaluar la gravedad o probabilidad de un daño, es importante tener en cuenta esta limitación, puesto que puede facilitar la toma de decisiones en situaciones difíciles.

Por último, es necesario añadir que esta serie de conflictos se ven acrecentados debido al medio institucional en el que los trabajadores sociales despliegan normalmente su actividad. Se trata de una profesión que depende de las instituciones y que, por tanto, no puede concebir la relación con sus usuarios exenta de todo el entramado de normas o programas sociales que definen la actividad propia de la institución que contrata al trabajador social. (Salcedo, 2001).

Semejante entramado de reglas acota las posibilidades del profesional a la hora de decidir cómo resolver los conflictos entre su deber de ayudar a la persona y su deber de respetar su autonomía. Así, este dilema, ya de por sí complejo, se ve agravado por la propia naturaleza de la relación profesional. (Salcedo, 2001).

Esta serie de motivos, exigen que los trabajadores sociales encuentren un punto intermedio a la hora de intervenir, evitando así actitudes extremistas. De esta forma, las decisiones tomadas serán lo más adecuadas posibles frente a las necesidades y deseos de las personas. Además, al mismo tiempo, se tendrá en cuenta todo el conjunto de normas y derechos que también se deben garantizar.

Blanco Prados, Eyanira

Catalinas López, Andrea

Saavedra Huamán, Wendy

Bibliografía:

Ballestero, A.; Úriz M. J.; Viscarret J. J. (2012). Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España. Navarra: Universidad Pública de Navarra. [en línea] Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2012m10-12v97n4/papers_a2012m10-12v97n4p875.pdf  [Consultado 15 Abril 2016]

Rondón, L.M.; Taboada, M.L. (Coord.). (2013). Voces para la Ética del Trabajo Social en Tiempos Trémulos. Madrid: CGTS Paraninfo S.A. 

Ballestero, A.; Úriz, M.A.; Viscarret, J.J. (2013). Cuestiones éticas y tipologías de comportamiento ético en la intervención profesional del Trabajo Social. Navarra: Universidad Pública de Navarra. Recuperado de http://www.fes-sociologia.com/files/res/19/06.pdf 

Kant, I. (1785). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos. 

Salcedo, D. (2001). Autonomía y Bienestar. La Ética del Trabajo Social. Granada: Comares.